En el Senado se aprobó una indicación que establece una sanción penal para todo aquel que viole el secreto en una investigación judicial. La iniciativa contempla que “el que violare las normas sobre secreto establecidas en el presente artículo será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo». Es decir, una sanción en la cual se puede aplicar desde los 61 días hasta los 540 días de presidio.
La indicación, desde el punto de vista del derecho a la información parece una Ley Mordaza. Pues se discute su aprobación en un contexto en el cual, precisamente la prensa ha facilitado a través de distintas investigaciones develar ilícitos que ponen en tela de juicio a la elite política y el empresariado, por coludirse en el financiamiento de las campañas políticas.
Ante la medida, desde el Colegio de Periodista se indica que “vemos un trato discriminatorio: el tema se pone sobre la mesa hoy cuando hay actores con mucho poder involucrados en investigaciones judiciales, pero no así cuando son ciudadanos comunes y corrientes, y particularmente de sectores vulnerables, los que son afectados por filtraciones, muchas veces difundidas ampliamente sin cuidado ético alguno por la presunción de inocencia”,
Agregaron que “más aún, nos preocupa y es una muy mala señal, que sea el sector político, ampliamente cuestionado por la colusión de intereses privados y empresariales, el que avance en esta medida. Se puede interpretar como una defensa corporativa o un manto de protección a quienes están siendo investigados por ilícitos, más que una preocupación real por cuidar las investigaciones”.
Los periodistas alertan respecto al derecho de informar señalando que “la posibilidad de informar y estar informado es un derecho humano. Y claro está que no debe abrirse puerta alguna a su conculcación, pues la democracia se fortalece con transparencia y no con oscurantismo”.
Marzo del 2016