Max Oñate Brandstetter
“Hoy se “legitima” el “modelo económico” de la dictadura”
Hugo Fazio
Durante las últimas semanas han reaparecido una serie de íconos que conforman el “foco identitario” de la movilización estudiantil.
Hace una semana comenzaron con la reivindicación de la memoria histórica del movimiento estudiantil: conmemoración de los 10 años de la “Revolución de los pingüinos”, produciéndose una serie de movilizaciones esporádicas por las calles principales de Santiago, acompañadas de enfrentamientos y reivindicaciones que los protagonistas señalan como “gratuidad fallida”.
El “movimiento estudiantil” (en su composición orgánica) decidió posponer sus acciones de fuerza hasta el 21 de mayo, día en que la Presidenta entrega la cuenta pública, y en la cual no hubo respuestas ni al proceso de reformas ni a las demandas de los movilizados; por lo que han “decidido pasar a la ofensiva”, manifestándole en La Moneda, “para que no se entere por la prensa” (clara alusión al caso Dávalos) sobre la decisión política de los estudiantes, quienes comenzaron a re articular las tomas de los liceos.
En esa misma manifestación, ha sido denunciado por la prensa un policía infiltrado en la entrada a La Moneda, que iba a ser detenido como un estudiante, hasta que se identifica y luego ayuda a detener a los manifestantes.
En Valparaíso, tras la muerte del trabajador municipal, se ha revelado que las cámaras de seguridad fueron apagadas media hora antes del “atentado incendiario”, con órdenes expresas (de parte de sus superiores) de no abandonar la instalación pase lo que pase.
En lo que compete a la “dimensión arquitectónica” de la institucionalidad chilena, se ha instalado una campaña del terror, amparada en “la izquierdización del gobierno” que ingresa a los cupos representativos, tras dar promesa de cumplir las demandas de los movimientos sociales y cumpliendo al mismo tiempo con la “reforma y modernización del Estado” como una palanca que permitiría sacar de la crisis a la actual democracia.
Esa imagen elaborada entre los partidos (de gobierno y oposición) ha coincidido con la decisión de la Justicia de otorgar la libertad condicional a un número considerable de reos, con la promesa de “no volver a cometer actos antisociales”, generando, por la repercusión ampliada en los medios, una sensación de mayor delincuencia, violencia hacia las autoridades, hacia el cuerpo de carabineros (de fuerzas especiales), que cada uno “hace lo que quiere”, que “los pescadores violentos ponen en jaque al gobierno y éste los premia con bonos”, como una señal clara que pide mayor dosis de autoritarismo, afirmando que “es hora de que alguien imponga el orden”, reanimando aquel fantasma argumentativo que “el socialismo solo trae delincuencia, desprotección de la propiedad privada, produce enfrentamiento entre los chilenos y corrupción de políticos, por lo que alguien (no se dice nunca directamente que los militares) debe imponer el orden y detener este deterioro y decadencia social”.
Esta dinámica sociopolítica ha permitido que se aprueben leyes como “control preventivo”, versión remasterizada de la “detención por sospecha”, llamados constantes por mayores atributos a las fuerzas policiales, llamadas claras de encarcelar a “los encapuchados” (también a los mapuches “terroristas”) y al mismo tiempo frenar las reformas que solo “destruyen el equilibrio social”; tales son las condiciones políticas que reinan en el clima social actual.
Seamos claros: el actual gobierno no es un gobierno de izquierda, y sus componentes de izquierda se han derechizado, tampoco se pretende elaborar una vuelta a la Unidad Popular ni establecer la dictadura del proletariado, ni ningún fantasma político que se le atribuye al hecho de prometer solucionar reformas jamás ejecutadas, que no obedece necesariamente a los partidos ni ideologías, sino que obedece a necesidades materiales y urgencias que los compatriotas necesitan para poder sobrevivir en el desigual Chile de hoy.
Criminalizar la movilización social con la finalidad de excluir de la vida política cualquier símbolo de autonomía y rebeldía de los movilizados, junto con propiciar el control de identidad –que seguramente generará detenciones arbitrarias, ocultan el carácter real que han tenido las llamadas reformas estructurales.
Reformas que no han sido desarrolladas pero si fueron utilizadas como capital político de promesas de campañas (que decepciona a los electores y desestimula la participación electoral).
“Aclaraciones constantes” de los personeros del gobierno que genera una imagen de lo poco legítimas que son las movilizaciones, dado que las reformas están en camino, pero que “no hay recursos para realizarlas de forma instantánea” que es un claro mensaje que dice “su movilización y lucha son incoherentes, porque no será posible darle satisfacción ahora, sino en el futuro, gobierno tras gobierno”. Sin embargo nunca aclaran cosas como que el fisco recibió $3.440.000.000.000 ($3.44 billones de pesos), obtenido a través del CAE y los bancos que compran las deudas de los estudiantes egresados.
En Chile se ha legitimado el modelo económico de la dictadura, pero también el modelo represivo hacia las movilizaciones, la promesa e incumplimiento de su “mesianismo histórico político” que solo justifica la mediocridad e ineficiencia de las reformas por la colonización política de los dueños de las empresas pero amparadas en la figura de la democracia que cada vez más parece ser el escudo moral de los intereses de los dueños del país y contra la voluntad ciudadana.
¿Qué sentido tiene la asamblea constituyente y cualquier proyecto que ingresa a la institucionalidad en estas condiciones?
El autor es Cientista Político, licenciado de la Universidad Academia Humanismo Cristiano.