Por Max Oñate Brandstetter*
«La persona que no está interiormente preparada para la violencia
es siempre más débil que el opresor»
Aleksandr Solzhenitsin
Pareciera que universalmente hay un consenso generalizado contra la violencia, pero ese “ítem” de “ciudadanismo moral incondicional y universal” tiene varias imprecisiones y microfísicas, que ponen al desnudo las reales dimensiones del tablero político nacional e internacional, las relaciones de poder y el ejercicio de la violencia existente entre los distintos actores políticos, que dicho sea de paso, la violencia como tal, no es monopolio ni patrimonio categórico de ningún bando o ideología en particular. Si bien es cierto que existe presencia de lenguaje “incendiario” o reivindicativo que llegan a tildar de “apología a la violencia”, hay formas de ejercerla desde la informalidad, encubriéndola, apoyándola en cierto marco constitucional, presentándola como algo que “no viola la ley, ni se sitúa por fuera de ella”, o hasta establecer “empates ideológicos” para justificar unas y descalificar/negar otras.
Las democracias occidentales, en tanto su propia función institucional, saben que no se puede acabar con la violencia en el amplio sentido de la palabra, por lo que se arrogan a sí mismas, como “el monopolio legítimo de la violencia”, o dicho de otro modo: “el pueblo no ejerce la violencia, sino a través de sus representantes” o funcionarios públicos. Desde ahí derivan los metarelatos que apuntan a “no hacer justicia por sus propias manos”, mapas cognitivos que son amados por los contractualistas.
Al existir un cuerpo oficial para el uso de la violencia, todos los demás ejercicios fuera de la ley, pasan automáticamente al “bando de la delincuencia”, cuyo mensaje de pacificación, respaldado por los medios de comunicación, instalan en la cabeza de un ciudadano promedio, la idea de hacer desaparecer aquellas minorías indeseables y sin respaldo legal, que ejercen violencia en espacios públicos (la calle), o “privados” como toma de terrenos, huelgas de trabajadores, toma de liceos y universidades.
Es en este marco, que algunas personas que asisten a marchas, no solo no están de acuerdo con su actuar, sino que intervienen atacando a los manifestantes “delincuentes” y aquí yace la primera gran contradicción: Si se es “pacifista”, se “rechaza la violencia, venga de donde venga”, entendiendo que no hay nada más despreciable que el ejercicio de la violencia, entonces, si es el caso de ser el móvil o imperativo categórico de los asistentes (o convocados) a las marchas, no se debería proceder validando “mi violencia física”, puesto que es un “derecho” del cuerpo estatal y no se puede, por lógica, aplicar una delincuencia sobre otra, pretendiendo ser el brazo corregidor de conductas en la calle. Si este último argumento sustenta estas actitudes, nos encontramos ante la segunda gran contradicción: no son pacifistas ni están contra “toda forma de violencia”, puesto que atacan la violencia política de los “oprimidos” que se sustenta en los teóricos de las izquierdas.
Si nos encontramos en un paseo familiar y nos encontramos frente a alguien que nos quiere asaltar, difícilmente expondremos nuestra integridad y/o vida ni la de nuestra familia, por lo que lo más natural es entregar las pertenencias.
Por otro lado, si presenciamos un asalto hacia otro transeúnte, difícilmente alguien intervendrá, amparado en la misma razón de defensa de integridad y vida individual, por sobre las de un desconocido, aunque en la vida real hay muchos que sí lo hacen, aquí nos referimos a la predisposición a la acción.
¿Entonces por qué sí se decide “frenar la delincuencia política? El “encapuchado” cuenta con una descripción televisada (al igual como “los comunistas se comían las guaguas”) basada en que destruye los kioscos, destruye la propiedad pública sin razones (como los paraderos), arrojan bombas incendiarias y lacrimógenas (¡Sí!, lacrimógenas, aunque estas solo sean usadas por las fuerzas policiales, específicamente del cuerpo de carabineros) pero nunca se ha exhibido en la televisión que un encapuchado increpado haya incendiado a un “agresor verbal” con su “armamento de guerra”, aunque lo más cercano a eso haya sido el 1° de mayo del 2014, donde se arrojó una bomba incendiaria hacia un grupo del partido comunista, aunque la bomba no fue dirigida hacia el cuerpo de nadie aparentemente(1), el ciudadano “no violento” puede contar con el beneplácito de que otros seres de espíritu democrático levanten la voz y los puños contra quienes “rompen la armonía y el acuerdo de paz social en las marchas”.
Hasta este punto, hemos exhibido una dimensión de la violencia política, que, aunque tiene un pequeño margen de ser “tierra de nadie”, donde se hace posible la infiltración policial (que a veces ha sido correctamente denunciada), o la acción de otros grupos que no necesitan identificarse, aunque de pronto se sepan el domicilio político de esas acciones como los neonazis por ejemplo (2).
A menudo se ven opiniones de sectores de gobierno, que instalan precisamente un lenguaje de confrontación, como si estuvieran levantando una maqueta similar a la lucha callejera entre la izquierda y la derecha a principios de los años 70(3), esto también demuestra que el analfabetismo político está también alojado en la defensa de faltas o delitos, que para intentar cubrirlos, son colocados en la dimensión dualista del binomio clásico, aunque puede ser una interesante pantalla de humo, para zafar del problema.
¿Qué hace posible la irrupción de la violencia política? Recurrentemente, al hablar de este fenómeno tabú, pero existente; se apela “contra el discurso demagógico de la lucha de clases”, dado que son intereses comerciales enfrentados a derechos sociales, el escenario donde aparece la queja social y la violencia política, sin embargo, esta descripción de fenómenos, no son pensamientos de odio, nacido en la cabeza de demonios de izquierda que, tienen el objeto de seducir y convencer a la mayoría de la población a la guerra civil, como se estila decir desde la trinchera de los conservadores.
Es Aristóteles, que en su libro “La Política”, señala que existen dos “partidos” o “partes” de la sociedad, “el partido de los ricos” y el “partido de los pobres”, cuyo escenario de conflicto, pasa por motivos de asimetría o desigualdad, principalmente económica, que se traduce también en “derechos de invasión”, de dominación, etc. Aunque Aristóteles es defensor de la arquitectura del Estado y el poder, no deja de describir la conflictividad política, pero esto ocurre porque “desde la antigüedad hasta 1789” la política, o la ciencia política, se centra en una bidimensionalidad política: la arquitectónica (ordenamiento jurídico estatal) y la dimensión conflictual, que justificaba entre otras cosas, la guerra. A partir del curso de la Revolución francesa, la política, en términos de comprensión, análisis y estudio, pasa a ser monodimensional, la arquitectónica, que, puesta en marcha la violencia revolucionaria liberal, que terminó con la monarquía de ese país, pues, la prohibieron para todos los demás, tal vez como un seguro de vida, en el caso que les intentaran aplicar el mismo procedimiento en caso de un levantamiento social.
Pero hay muchas más aristas de la violencia, amparada en la institucionalidad, que los “nobles ciudadanos pacifistas” parecen ignorar, que además son ellas mismas las parteras de la violencia política de la sociedad civil, tales como la pobreza creada artificialmente(4), el lenguaje reivindicativo de la apología de la violencia(5), el asesinato en democracia, que se trata de cubrir como la nobleza matando a la delincuencia, para asegurar la paz social(6), los casos de secuestro(7)y tortura(8), generan por sí solas, batallas callejeras de protestas, porque precisamente eso son, no son desfiles de apoyo al régimen, ni una fiesta que sale a manifestar que todo está bien, mientras la institucionalidad avanza hacia planes de reforzamiento de la violencia, que sin duda volverán a cometer “un profundo error” o “hecho aislado” como en todos los casos que he exhibido(9). Para finalizar, es necesario salir de la zona de confort del tabú del conflicto social y su relación con la violencia, los intereses de los actores que, concurriendo en la afirmación o negación de estos hechos, consiguen capital político con ello, tras el manto de la desinformación que, por ejemplo, criminaliza la protesta o etiqueta toda acción de violencia política callejera, como terrorismo, violentismo o anarquismo. Aunque haya fuentes investigativas propias del Estado y no tengan la menor intención de corregir a la prensa (10) o se favorezca desde el poder una mirada acrítica y superficial de los acontecimientos y sus causas. No hay nada más peligroso y violento que la ignorancia o la desinformación
* El autor es Cientista Político, licenciado de la Universidad Academia Humanismo Cristiano.
(1) No encontré algún artículo serio, pero si un video https://www.youtube.com/watch?v=8baDaiNVKFE
(5) https://digital.elmercurio.com/2019/09/11/C/VL3M5D89
(10) http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3369.html