Hace unos días, Cristian Cottet, colaborador habitual de Dilemas, nos envió un artículo de opinión titulado La legalidad del MIR, ¿quién le pone el cascabel al gato?
De inmediato, recordé aquella frase atribuida a Voltaire: «Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo».
Su publicación responde a la idea de promover, entre quienes nos leen, un diálogo-debate en torno a la realidad del Chile actual, sus contradicciones y desafíos como también abordar los posibles caminos de construcción de alternativas populares al modelo capitalista neoliberal “realmente existente”.
En mi opinión, en el artículo de nuestro columnista subyace la idea de que la organización que aspira a legalizarse es la continuidad de aquella organización revolucionaria nacida a mediados de los sesenta, que creció y arraigó en amplios sectores de nuestro pueblo, que luchó y resistió a la dictadura y que se fracturó en los ochenta. No comparto esa posición. Creo que han existido, existen y existirán instancias organizativas, que aspiran a recoger aquel legado o se inspiran en aquella– entre otras la que se legaliza- pero todas han sido, son y serán nuevas organizaciones políticas. No su continuidad. Pese a que recurran a los símbolos, nombres y banderas que identificaron a la original.
En declaraciones de alianzas posibles – la instancia que se legaliza- señala que no descartan acuerdos con un partido denominado progresista de un expresidenciable que se encuentra sometido a investigación por recibir –ilegalmente- recursos de una empresa privatizada en tiempos del dictador y presidida hoy por quien fuera familiar del propio dictador. Al consultárseles, en torno a este tema afirman que es un tema personal que deberá resolver el excandidato. La respuesta, evidentemente, rompe con aquella historia que dicen asumir, dado que el tema no es un asunto personal sino que ético-político, precisamente por la procedencia de los recursos.
Lo anterior no significa menoscabar el pleno y legitimo derecho a legalizar el partido que han construido y tampoco intenta poner en entredicho la consecuencia de su militancia con las políticas acordadas.
Mas en lo inmediato, la urgencia de Chile es construir alternativa popular al modelo.
Pues, desde el 2011 -para establecer un punto de referencia- las masivas movilizaciones por derechos sociales, Asamblea Constituyente para una nueva Constitución y otras demandas abrieron un proceso de cuestionamientos a la hegemonía neoliberal. El descontento se generalizó y ante la seguidilla de denuncias de colusión de las empresas entre sí, y la de éstas con la elite política dominante, desataron –hasta ahora- una prolongada decadencia de los partidos políticos coludidos con el empresariado. Un conjunto de tensiones y conflictos se abrieron paso durante estos años, y se mantienen aún, pese a los intentos de cierre y solución formulados y propuestos desde las esferas gubernamentales y el conjunto de las elites dominantes, que continúan sustentando el orden actual.
Es en este contexto -y ante las consecuencias de un modelo que arrastra consigo una desigualdad social estructural y aberrante- que se impone la necesidad urgente de una rearticulación social y política con capacidad de incidir en el devenir político -más allá de lo electoral- y que se oriente a producir horizontes de transformación social con la participación activa y organizada de las mayorías postergadas como forma de garantizar su realización.
Será este proceso, lo que permitirá acelerar las transformaciones que el Chile actual requiere.
Raúl Flores Castillo
Director Dilemas