LA RECUPERACIÓN AÚN NO CONSOLIDADA EMPEZÓ A MEDIADOS DE 2017

El informe de política monetaria (IPoM) de junio del Banco Central constató la nueva fase en que se encuentra el ciclo económico chileno, elevando la estimación de crecimiento del producto en 2018 a un rango entre 3.25% y 4%, que da un promedio de 3,6%. Destacando que “la actividad y demanda indican que se ha afianzado el proceso de recuperación de la economía que se empezó a ver a mediados de 2017, de hecho –agregó- la actividad ha avanzado algo más rápido de lo que habíamos previsto en marzo”. Por tanto, la nueva fase del ciclo económico comenzó durante la administración de Michelle Bachelet y se compara en la parte inicial de 2018 con meses del año anterior de un crecimiento prácticamente nulo.

“(…) la recuperación de la economía –manifestó el presidente del Banco Central, Mario Marcel- se apoya en un escenario externo favorable, una política monetaria claramente expansiva, el fin del ajuste en la inversión minera y habitacional (…)” Este carácter expansivo de la política monetaria se proyecta mantenerla hasta que la inflación coincida con su objetivo de 3% en doce meses. Se subiría la tasa de interés en el escenario proyectado entonces a fines de 2018. Para la inversión se proyectó un incremento en el año de 4,5%, casi un punto superior a la previsión efectuada en marzo (3,6%). Se salió así de cuatro años con cifras negativas en la formación bruta de capital fijo, que incidieron poderosamente en el bajo crecimiento de la demanda interna, para la cual el IPoM proyectó un crecimiento en 2018 de 4,1% con un crecimiento del consumo total de 3,6%.

Sin embargo, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, advirtió que “algunos antecedentes sugieren que es temprano para asegurar un dinamismo relevante de la inversión, en particular porque aún no se observa un cambio importante en la ejecución de proyectos de gran envergadura”. Planteando la necesidad de producir cambios estructurales en la economía, demandando al país a enfrentar los “muchos desafíos que quedan por delante. Es importante – puntualizó- que la recuperación de la inversión se profundice, que se fortalezca el mercado del trabajo y se aprovechen ventajas para que esta recuperación sea más autosostenida y compartida. Un mayor crecimiento de largo plazo –insistió- requiere cambios más estructurales que ayuden a elevar la productividad”.

Sobre el consumo, señala el IPoM, sigue influyendo negativamente la evolución, de “la masa salarial, dado el comportamiento del empleo y los salarios, (lo cual) limita el incremento del gasto de los hogares”. En particular expresó preocupación por la evolución del empleo asalariado privado, que durante un largo periodo se mantuvo estancado e incluso hubo momentos en que descendió, expresando que existe el riesgo de que tanto el mercado laboral, y este sector muy importante demoren “más que lo previsto en responder el mayor crecimiento”. Ello muestra, desde luego, la importancia en la evolución económica general de las políticas de incrementos salariales.

El cierre de empresas durante junio, la más relevante fue la de la danesa Maersk, refuerza esta preocupación. Ella la manifestó también el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Swett. “(…) lo que pido –expresó- es que le pongamos número. Miremos el trimestre móvil febrero-marzo-abril: mientras la economía alcanzó 4,8 puntos, el empleo solo lo hizo 2,1 puntos y, de ese total, solo el 0,6% es empleo formal asalariado. Es un número (…) que vemos con mucha preocupación, es una mala noticia para el país, preocupación por lo que está pasando en el mundo laboral, porque vemos en las empresas que están perdiendo competitividad”.
El informe proyectó la inflación promedio anual en un 2,4%, ubicándose durante diciembre en 2,8%, muy cerca del rango medio defendido por el instituto emisor (3%). En marzo, la estimación al cerrar 2018 fue de 2,3%. En enero-mayo su incremento en doce meses fue de 2%, explicándose porque tanto la cotización del barril promedio del petróleo Brent como la del WTI son en el momento del informe “algo más de 10% superiores a los previstos en el informe anterior”, lo cual consignó “afecta el escenario base en varias dimensiones”. En el mediano plazo subrayó “sus efectos se canalizan a través de menores términos de intercambio, menor ingreso disponible y un impacto en la actividad. Este precio promedio superior –anunció- provoca un alza de en torno a 0,3/0,5 puntos porcentuales para la inflación a diciembre del 2018, al mismo tiempo reduce el crecimiento de la actividad en 2019 en 0,1/0,3 puntos porcentuales”.

Dejando constancia, eso sí, que los impactos de su precio en la economía “aunque relevantes, son menores que en el pasado, pues el petróleo es menos importante en la matriz energética internacional y nacional, con lo que su impacto en el crecimiento es menor”, afirmando que en el país su incidencia “se ha ido reduciendo considerablemente en los últimos años”. Ejemplificando con que en la matriz energética el diésel representó en 2017 un 1,1%, en circunstancias que en 2008 era de 24,1%.

En cuanto a la denominada inflación subyacente, medida a partir del IPC sin considerar los alimentos y la energía (IPCSAE), “es más similar a la que teníamos en proyecciones anteriores”, “reflejando” las tendencias más persistentes de la inflación”, manteniéndose su nivel promedio en el año por debajo del rango mínimo tenido por el Banco Central como objetivo (1,8%), llegando en diciembre a 2,3%.

Sobre la inflación incide poderosamente la variación del tipo de cambio, entregado por el Banco Central exclusivamente a mecanismos de mercado. “Nuestras proyecciones de aumento del tipo de cambio real y, por tanto, depreciación del peso en el mediano plazo –declaró Mario Marcel reiterando así su carácter flotante por mecanismos de mercado- están asociados a la expectativa de un fortalecimiento del dólar multilateral como producto de la evolución del ciclo y la política monetaria de Estados Unidos, una moderación gradual del precio del cobre por respuesta de la oferta y una mayor expansión de la demanda interna en Chile”. Es decir, cero presencia de acciones decididas por el Banco Central.

El precio promedio en 2018 del petróleo WTI, usado como referencia por la economía chilena, la estimó en US$66 el barril, nivel muy superior al registrado el año anterior cuando se ubicó en US$51 el barril. Ello impacta negativamente en los términos de intercambio del país, actuando en forma inversa a la cotización del cobre, que lo proyectó en un nivel promedio en el año de US$3,1 centavos de dólar la libra, mayor a los US$2,80 de 2017. Por ello esta combinación de precios, consideró el IPoM, conduce a una trayectoria de los términos de intercambio menos favorables.

Para el Banco Central los mayores riesgos, que modificarían el escenario base presentado, se visualizan en el escenario externo. “Lo que ocurre con la economía de Estados Unidos es relevante –manifestó Mario Marcel- en particular porque de darse un aumento más marcado de las presiones inflacionarias podría requerir un alza más rápida de la tasa de fondos federales. Tampoco es descartable –añadió- que, en un ambiente de menor apetito por el riesgo, noticias de distinto signo generen una mayor volatilidad”. Mencionando especialmente las tensiones provocables por los conflictos comerciales generadas por la política de Trump.

A mediados de junio la Casa Blanca informó que establecería aranceles a exportaciones chinas por otros US$50.000 millones, a aplicarse de manera escalonada sobre sectores que Beijing considera fundamentales en el cumplimiento de su programa de innovación tecnológica. Por su parte, el ministerio de Comercio chino comunicó establecer también de forma escalonada gravámenes por el mismo monto a ventas que afecten a los agricultores del Medio Oeste norteamericano y a trabajadores de la industria del sector automotor considerados entre los grupos de apoyo electoral de Trump. Los mayores perjudicados serían los exportadores de soja, siendo el país asiático su principal comprador a nivel mundial, US$12.000 millones anuales. Las medidas se pondrán en ejecución el 6 de julio.

La intensificación de los anuncios continuó creciendo. El 18 de junio Trump dio a conocer un nuevo comunicado: “He pedido al representante de EEUU para Comercio Exterior que identifique productos chinos por valor de US$200.000 millones para aranceles adicionales de 10%. Esta última acción de China –añadió- indica claramente su determinación de mantener a EEUU en una desventaja permanente”. La respuesta no se hizo esperar, el ministerio de Comercio de Beijing contestó que de entrar en aplicación esas nuevas decisiones se respondería con “múltiples medidas tanto cuantitativas como cualitativas. Estados Unidos –agregó- ha iniciado una guerra comercial y violado las leyes del mercado y está dañando los intereses no solamente de China y Estados Unidos, sino del resto del mundo”. El total de los aranceles afectados por los anuncios de Trump se acercaron así ya a la mitad de las importaciones efectuadas en 2017 desde China, que alcanzaron a US$505.000 millones, y superan las realizadas por el país asiático que sumaron US$170.000 millones. Por ello, la respuesta de Beijing, hizo referencia a medidas cuantitativas y cualitativas.

A su turno la Comisión Europea, respondió a la elevación de aranceles en EEUU a las importaciones de acero y aluminio que le afectan, aplicando a partir del 22 de junio un arancel de 25% a productos agrícolas estadounidenses y otros rubros cuyo origen está en regiones muy importantes para los republicanos. La secretaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmstrom, calificó el acto de Washington de “unilateral e injustificado”. De inmediato Trump intensificó sus amenazas, señalando que se impondría un arancel de 20% a las importaciones de automóviles procedentes del lado europeo del Atlántico, de no rebajarse en la Unión Europea “pronto” al arancel de 10% establecido a la importación de vehículos desde EEUU. Como es habitual su notificación la efectuó por twitter. El intercambio bilateral entre EEUU y la UE es de más de US$1.100 millones anuales. El déficit estadounidense en bienes es de US$147.000 millones, descendiendo globalmente a US$92.000 millones al contabilizarse también los servicios. De concretarse las amenazas de Trump afectaría especialmente a la industria germana que coloca anualmente cerca de 600.000 unidades en EEUU.

Por Hugo Fazio