LA BÚSQUEDA INTERMINABLE

Por Andrés Vera

“No quiero que los míos se me olviden bajo tierra.
Los que allí los acostaron no resolvieron la eternidad”
(Stella Díaz Varin)

Desaparecidos, palabra que guarda un profundo sentimiento de dolor, de angustia, de desazón y de impotencia. Hombres y mujeres que fueron detenidos en calles o en sus casas, que permanecieron en recintos secretos ocultos –de los cuales hay numerosos sobrevivientes-, que sin embargo jurídicamente, no están, ni detenidos, ni tampoco muertos –pues no existe la prueba legal, que es la existencia del cuerpo –creándose con ello una ambigüedad para la familia.

La aparición, el acto de nombrar y tener un lugar físico donde ir, hacen posible –en algunos casos- enfrentar la pérdida con una visión constructiva, donde los NN han salido del anonimato de la desaparición y se les ha dado un nombre. Cuando los NN adquieren sus nombres, se completa la construcción del recuerdo, la configuración de una historia personal que ahora tiene un protagonista definido y reconocido. De esta manera, la recuperación del cuerpo resulta ser un elemento vital para la vida familiar. A partir de este momento, los familiares pueden contar una historia coherente, con un principio y un término que antes estaba lleno de ausencias cuando los restos no se sabía “donde estaban” (Bustamante y Ruderer, 2009:87).

El Golpe de Estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973 terminó con el sueño de muchos chilenos. La violencia irracional que ejerció la dictadura desde el primer momento sobre la sociedad y la población civil marcó la vida de miles de familias. Los primeros casos de detenidos desaparecidos son los que sobrevivieron al bombardeo y ataque al Palacio Presidencial de La Moneda, la gran mayoría eran miembros del Grupo de Amigos del Presidente (GAP). De ellos se sabe que fueron trasladados al Regimiento Tacna, donde fueron salvajemente torturados y posteriormente trasladados a Colina, lugar del cual desaparecieron.

De septiembre a diciembre de 1973, la dictadura hizo desaparecer a cerca de 600 chilenos entre hombres y mujeres. En gran parte de estos casos se trataba de ejecuciones y asesinatos con ocultamiento de los cuerpos. Los responsables de estas muertes son principalmente miembros del Ejército y Carabineros de Chile.

Cabe destacar que a partir de 1974, el secuestro y la desaparición forzada de personas corresponde a una política planificada por parte de los servicios de seguridad, fundamentalmente la DINA, SIFA y el Comando Conjunto y más tarde, en menor medida por la Central Nacional de Informaciones (CNI). En las detenciones de esa época, existe información previa del detenido. Éste era torturado con el objetivo de obtener información que permitiese nuevas detenciones y seguir con el ciclo represivo.

Los NN no son el epílogo, sino uno de los capítulos centrales de esta historia. Si el eje de la política represiva fue la desaparición, precisamente para que “no se supiera”, una de las formas de consumarla fueron las técnicas de desaparición y desintegración de los cuerpos. Pero los entierros de NN son parte de la prueba, de los restos humanos que dan testimonio de que los desaparecidos no se esfumaron sino que fueron ultimados. Los restos de NN son la prueba del delito y donde hay delito hay delincuente; es decir, los restos remiten a la conciencia colectiva, sorteando la amnesia, hacia los campos de concentración en tanto delito instituido, en tanto servicio público criminal que reclama un castigo. (Calveiro, 2004: 164).

No debemos olvidar que en la implementación de la política de exterminio se hizo posible gracias a la complicidad de algunas instituciones públicas. El Poder Judicial durante la dictadura militar, no acogió los Recursos de Amparos (Habeas Corpus) presentados por los familiares de las víctimas. Solamente en 6 casos de 8000 recursos fueron acogidos, y el único caso de detenido desaparecido considerado por la Justicia, fue Carlos Contreras Maluje, que no se procedió a tiempo, por lo cual se encuentra desaparecido desde noviembre de 1976.

Durante la dictadura militar, gran parte de los medios de comunicación estaban controlados y censurados por el gobierno de turno, nunca informaron de lo que estaba ocurriendo con las violaciones a los Derechos Humanos en Chile. A mediados de 1975, los diarios La Segunda, El Mercurio y La Tercera empezaron a manipular noticias sobre chilenos que habían sido detenidos por la DINA y que aparecían muertos en “enfrentamientos” en la Argentina.

El 12 de junio de 1975, el vespertino La Segunda tituló: “En territorio argentino extremistas chilenos son adiestrados en guerrillas”. La información señalaba que “unos dos mil extremistas chilenos están recibiendo entrenamiento guerrillero en Argentina con el fin de reingresar a territorio chileno e iniciar la lucha contra el Gobierno”.

Por su parte, el diario La Patria (que corresponde a La Nación), órgano oficial del gobierno, editorializó el 15 de junio de 1975 apuntando: “Los extremistas ni están muertos ni están desaparecidos; por el contrario, gozan de perfecta salud física, ya que no sería posible decir lo mismo de su salud mental”.

El control de los medios y la campaña se extendió y profundizó. El 16 de junio de ese año, El Mercurio tituló: “Paso de miristas armados a Chile”, agregando, la información fechada en Mendoza: “Grupos armados de combatientes chilenos opuestos a la Junta Militar incursionaron en territorio chileno en operaciones vinculadas con la guerrilla argentina”, trascendió en fuentes policiales.

La política de exterminio de opositores impulsada después del golpe militar por los servicios de inteligencia del régimen dictatorial tuvo, probablemente, su expresión más cruel y dramática en la llamada “Operación Colombo”, con la cual se pretendió culpar a la izquierda del secuestro, desaparición y muerte de 119 personas, todos jóvenes que estuvieron retenidos, secuestrados, torturados y vistos en diferentes centros de detención clandestinos.

La publicación de una lista de 60 personas detenidas en la revista Lea de Buenos Aires, el 15 de julio de 1975, y de otros 59 en el diario O’Día de Curitiba, dos días después, fue la culminación de una burda campaña de mentiras y engaños montada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en un intento por desentenderse de la responsabilidad de los desaparecidos y que contó con la participación de importantes diarios chilenos como se pudo constatar jurídicamente años más tarde.

En relación a lo anterior, sí bien el control del país era total por parte de las Fuerzas Armada y de Orden, 95 presos políticos que se encontraban recluidos en el campo de prisioneros Melinka en la zona de Puchuncavi iniciaron una huelga de hambre el 31 de julio al 8 de agosto de 1975 en respuesta a la falsedad de las noticias sobre los 119 detenidos desaparecidos. La huelga fue forjada como una expresión de solidaridad y de denuncia del montaje, como también de exigencia a las autoridades para aclarar la situación de los prisioneros que aparecían en dichas listas. La demanda se hacía también a los gobiernos de Brasil y Argentina, implicados en este caso, pues los listados con los 119 nombres fueron difundidos en publicaciones de ambos países y desde ahí reproducidos en Chile.

La desaparición de personas como táctica planificada de tormento y exterminio superaba todo lo conocido históricamente. Según Ricardo Colombres “su perversión ética y jurídica para las víctimas directas (prisioneros indefensos en cuatro paredes); el terror primero y el dolor permanente después para familiares allegados; la impunidad y los premios para victimarios sádicos o iluminados y finalmente, la total extinción material, social y jurídica del desaparecido, la convierten en el máximo procedimiento, en la mayor de las tácticas mortales” (Martorell, 1999: 98).

Solo un dato, en la etapa más cruda y oscura en términos represivos que es el período comprendido entre enero 1974 a agosto 1977, el total de víctimas perpetradas por agentes del Estado fue de al menos 748 personas. De ellas, 232 corresponden a personas muertas y 516 a detenidas desaparecidas.

En el Chile actual nadie puede sostener ni menos negar que esta política de terrorismo de Estado nunca existiera. La Desaparición forzada de personas constituye una de las más graves y atroces violaciones a los Derechos Humanos acontecidas en la historia reciente de nuestro país. Las fotos y las pancartas siguen intactas, en cambio, los familiares y las lágrimas han envejecido en el tiempo y la Justicia, sigue pendiente como un clamor interminable.

“Respirar para sacar la voz.
Despegar tan lejos como un águila veloz.
Respirar un futuro esplendor cobra más sentido si lo creamos los dos
Liberarse de todo el pudor tomar de las riendas no rendirse al opresor
Caminar erguido sin temor respirar y sacar la voz”
(Anita Tijoux).