Por Max Oñate Brandstetter
“En una democracia, el pueblo tiene derecho a que sus gobernantes
lo informen de los fundamentos de sus decisiones.
Tienen derecho también a saber la verdad,
y es su deber moral de quien gobierna decírsela a su pueblo”
Patricio Aylwin
El 25 de julio del presente año, desde el Banco Central se publicó una investigación (en formato paper) que señala una dimensión de la realidad socioeconómica de los hogares de la nación. Se sostiene que uno de cada cinco habitantes tiene más deudas que activos, cuya deuda hipotecaria es equivalente al 70% de la deuda total.
El 47% de la población es indicada como la porción social denominada “no propietarios”, señalando además que el 24% de la riqueza se concentra en un rango etario que oscila entre los 55 y 64 años; mientras que el 7% de la pobreza se concentra en personas alrededor de los 35 años.
Además, un 20% de los hogares tiene más deudas que activos, mientras un 72% de la riqueza está concentrada en el quintil más rico.
Refiriéndose a los más desposeídos, el informe señala que “este grupo, en general, no posee activos y su deuda es totalmente de consumo, lo que los hace particularmente vulnerables ante situaciones de estrés financiero”.
Se argumenta que los hogares jóvenes comienzan con altos niveles de deuda, pero que existe una tendencia a superar esta etapa, como si se consolidase el desarrollo económico del hogar ante una oscura estructura en la distribución del ingreso.
¿De qué forma se produciría una mejora en la economía doméstica ante la realidad nacional en la distribución del ingreso? Las respuestas (y propuestas) políticas e institucionales de lo planteado, es variable, pero señala un camino distinto del curso que seguiría la sociedad civil, a pesar de lo que señala el Banco Central.
Un claro ejemplo es la aprobación del proyecto de ley, presentado por parlamentarios de Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y la Democracia Cristiana, el viernes 3 de julio, un medio ante la realidad financiera de los jubilados, donde estos podrían hipotecar sus casas y bienes raíces, a lo que por cierto el Estado entregaría el dinero equivalente a la tasación comercial en mensualidades, con el fin de mejorar los ingresos a fin de mes –Esto a pesar de que el gobierno (más bien, el ejecutivo) anunció el rechazo a la “hipoteca revertida”- no obstante el proyecto debe reingresar por iniciativa del ejecutivo para ponerse en trámite, por lo que existe una posibilidad igual a cero –según ha manifestado el oficialismo- de que éste proyecto se materialice.
Es una iniciativa conveniente para las AFP, que libera al mismo tiempo al Estado en materia de legislar sobre las pensiones.
Esto ocurre en un contexto en que existe un caso de militares y carabineros pensionados por inutilidad de segunda categoría (que llega a un poco menos de 7 millones mensuales la pensión más elevada detectada hasta ahora) a través de CAPREDENA y DIPRECA para quienes resultaron ser violadores materiales de los derechos humanos, durante el gobierno de facto, que son re contratados, por lo que perciben su sueldo como trabajador (generalmente para la misma institución) además de la pensión mencionada; en contraste con los pensionados por prisión y tortura política, que asciende por poco margen los 150.000 pesos mensuales.
El problema principal es que para las pensiones de las Fuerzas Armadas, el pago se realiza mediante los impuestos (la plata de todos los chilenos como es publicitado), mientras que para la pensión del chileno medio son sus propias cotizaciones individuales, que muchas veces quedan impagas por parte del empleador. Además de eso, considerando la distribución de ingreso, reciben un dinero totalmente alejado y desproporcionado en relación a la realidad nacional.
Es así como se construye la distorsión en la distribución de ingreso, concentrando dinero público para el bienestar individual -sobre todo en caso de violadores de derechos humanos- y para el resto de la ciudadanía, es parte del sueldo individual, pasando por el proceso de la especulación de la bolsa, suponiendo que ésta se reparta un poco mas entre los cotizantes más que en los ejecutivos, la que debería garantizar un bienestar que está por debajo de la realidad nacional.
Por otro lado, el proyecto del “DICOM para los evasores”, cuya finalidad persigue castigar social y monetariamente a los evasores, donde los datos de aquellas personas serán almacenados en una base de datos, que puede ser consultado por cualquier persona, dando la atribución al organismo conocido como “Tesorería General de la República”, acceder a esa información para retener la devolución de impuestos y fijará las normas para la eliminación de datos del registro.
Dicho DICOM fue aprobado en el Senado, pero debe ser aprobado en la Cámara de Diputados, dado que la iniciativa política nació desde la cámara alta.
Otras sanciones que contempla el proyecto será la cancelación de la TNE (si el evasor es un estudiante), la imposibilidad de adquirir créditos (que es extraña a la realidad nacional, donde la mayoría de los hogares vive de su propia deuda, dada la pauta que dicta el capital financiero en la vida cotidiana) pero se eclipsa de esta manera la discusión política y financiera que rodea a este tema.
En un año electoral se ha tratado de reafirmar la hegemonía política y económica del sector financiero (o inversionista en términos virtuales), con un gobierno que se presentó como “de avanzada”, que no solo no cumplió con el grueso de las reformas estructurales, sino que para toda petición de reforma, la respuesta era “no hay dinero para aquello”, pero si había dinero para las pensiones de los altos cargos de carabineros y militares (sin contar con los robos realizados desde dichas instituciones que hoy están cuestionadas a través de la investigación y la opinión pública) si había dinero para aumentar la cantidad de parlamentarios con el mismo sueldo actual (también en cuestionamiento social), donde se perdonan las estafas, colusiones e impuestos impagos del alto mundo financiero (que también forma parte de éste mundo cuestionado, que aporta su grano de arena a la desconfianza), pero se harán públicos los nombres de los evasores y no hay dinero para las mejorías sociales ofrecidas como campañas políticas, que le permitieron salir electa a la coalición dominante.
Sin referirme en profundidad al reciente acto de distribución del poder geopolítico (que se realiza con claras ventajas electorales cada vez que se realiza una redistritación o trazado del mapa electoral) que contará con 21 nuevos municipios en la región del Maule y donde tal vez habrá también nuevos cupos de diputados y senadores –pondrá en movimiento la repartición del poder sin soberanía ciudadana- en un año electoral se está reconfeccionando la parte de la torta del poder que le corresponde al sector inversionista, donde el interés de las coaliciones postulantes a los cargos representativos está más presente en conseguir el poder, dinero y fama que en contrarrestar el poder económico.
Dado el panorama, en las siguientes elecciones no está nada estructuralmente en juego, salvo la participación electoral de la ciudadanía, es muy mala señal a la contribución de la democracia y al desarrollo del país, dado que ninguno de los ciudadanos participa en la confección de las redes de poder, por lo que queda automáticamente excluido.
Uribe, Francisca; Martínez, Felipe: “La distribución de la riqueza no previsional de los hogares Chilenos”. Banco Central… en éste mismo artículo se pueden constatar los datos hasta aquí expuestos en el texto (nota del autor) http://bit.ly/2eYfi9M
El autor es Cientista Político, licenciado de la Universidad Academia Humanismo Cristiano